24/11/2020, Viki Lara, Socialismo Revolucionario (ASI en el Estado español)
Pronto
cerraremos el año 2020, un año que ha sido nefasto por la pandemia que ha
causado ya decenas de miles de muertos en el estado español y millones de
contagios, y un crecimiento espectacular del paro, la pobreza extrema y la
desigualdad que, como ya hemos analizado, no son solamente consecuencia de la
pandemia, sino de un sistema económico que estaba preparando una nueva crisis
global ya antes del coronavirus, y la debilidad y precariedad laboral del
capitalismo en el estado español.
Pero además,
ahora que nos estamos acercando al 25 de noviembre, Día Internacional contra la
Violencia Machista, no podemos dejar de recordar lo que ha supuesto la pandemia
y el confinamiento para las mujeres.
No cabe duda
de que las mujeres trabajadoras son las que más han sufrido las consecuencias
de la pandemia. En primer lugar, porque las mujeres han estado mayoritariamente
en la primera línea frente al coronavirus. Son la mayoría del personal
sanitario (tanto médicas como enfermeras), personal de cuidado a personas mayores
ya sea en residencias o en el servicio de ayuda a domicilio, o en educación.
Todos estos sectores han protestado por la falta de suficientes EPIs y medidas
de seguridad para realizar su trabajo durante la pandemia, además de llevar ya
años o décadas protestando por la precariedad de sus condiciones laborales,
recortes en los servicios, y la privatización o intentos de privatizar estos
servicios.
La situación
del sistema público de salud con el servicio de urgencias colapsado, las UCIs
completas y el gran número de contagios en el personal sanitario por la falta
de EPIs adecuados no ha sido solamente una situación límite durante la
primavera de este año, sino que se está repitiendo de nuevo desde el otoño,
dejando al descubierto las carencias de un sistema afectado por enormes
recortes desde la crisis económica del 2008. Por su parte las residencias de
ancianos, muchas de ellas privatizadas y con muy jugosos beneficios, muestran
su verdadera cara como un servicio que debería ser esencial y digno, pero que
se presta en condiciones de gran precariedad para sus trabajadoras y muchas
veces condiciones de cuidado y sanitarias indignas para sus usuarios.
Además, las
mujeres también son mayoría en otros trabajos como en establecimientos de
alimentación, que por su centralidad no han podido parar durante la primavera.
Y también, en otros sectores como la hostelería que además de haber sufrido
mucho económicamente durante la pandemia tienen condiciones de trabajo tan
precarias que han arrojado a miles de trabajadores al paro sin la protección ni
siquiera de una prestación por desempleo o ERTE. Por lo tanto, la pandemia ha
hecho aumentar el paro tanto para trabajadores como para trabajadoras, según
cifras oficiales hasta un 16,8% en septiembre de 2020. Pero ha crecido sobre
todo en las mujeres, haciendo que su tasa de paro llegue 18,7%, y aumento la
brecha sobre el paro masculino hasta más de 4 puntos.
Confinamiento
y aumento de la violencia
Pero
especialmente preocupante ha sido el caso de las mujeres en situaciones de
maltrato, y a las que el confinamiento ha supuesto que han pasado durante
semanas prácticamente las 24 horas del día con sus maltratadores, con todo lo
que esto supone de mayor control sobre las víctimas y menos posibilidades de
buscar ayuda o denunciar su situación. Aún así, las llamadas al 016 aumentaron
durante el estado de alarma un 40%, mientras que las consultas a través de
diferentes medios digitales (precisamente para dar más facilidad a las mujeres
en caso de que no pudieran llamar) hasta un 400%.
Los actuales
cierres totales o parciales de algunos sectores y en algunas comunidades
autónomas o zonas especialmente golpeadas por el coronavirus, pueden de nuevo
reproducir estas situaciones de peligro para víctimas de maltrato, como también
puede ocurrir en el caso de maltrato infantil, o a jóvenes LGTB+. Pero además,
la situación económica con un gran aumento de paro pero en muchos casos sin
prestación, o retrasos de prestaciones como desempleo, ERTEs o IMV pueden
llevar a un aumento significativo de la violencia de género a corto y medio
plazo, ya que esto en muchos casos supondrá aumentar la dependencia económica
de las mujeres de sus parejas (recordemos que la violencia económica es otro
tipo de violencia de género, junto con la física, psicológica y sexual), y esto
a su vez puede suponer que las mujeres decidan permanecer en relaciones
abusivas – al igual que en relaciones insatisfactorias.
Y esto
partiendo de unos niveles de violencia insoportables. Recordemos las 1074
mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 (año en que se
empiezan a recoger las cifras oficialmente) hasta el momento de escribir estas
líneas. Y que según la última macroencuesta de violencia de género, un 1% de
las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia física de sus parejas o
sus exparejas en el último año (lo que suponen más de 190.000 mujeres solamente
en un año). Este porcentaje llegó hasta el 11% cuando se le pregunta a las
mujeres por toda su vida y no solamente en el último año, llegándose a más de
2.200.000 mujeres. En el caso de la violencia psicológica, un 27% ha sufrido
violencia psicológica de control (intentar que la mujer no vea a familiares o
amigos, enfadarse si habla con otra persona, controlar los movimientos) por
parte de una pareja o expareja a lo largo de su vida, y más del 23% violencia
psicológica emocional (insultos, humillaciones, amenazas, etc).
En cuanto a
la violencia sexual, un 13,7% de mujeres mayores de 16 años han sufrido alguna
vez en su vida lo que la macroencuesta engloba como violencia sexual, que son
actos tan graves como violaciones o intentos de violación o tocamientos en
zonas íntimas; y un 40,4%, acoso sexual.
Además, las
estadísticas nos dicen que son las mujeres más vulnerables – las mujeres
pobres, inmigrantes, con discapacidad, etc – las que más sufren violencia.
La
resistencia de las mujeres
En los
últimos años hemos visto enormes levantamientos de las mujeres contra la
discriminación que sufrimos en todos los ámbitos, y de manera muy destacada
contra toda esta violencia que sufrimos. En el estado español, por ejemplo,
hemos visto las manifestaciones y acciones que se han organizado de manera urgente
en muchos casos contra las decisiones judiciales en el llamado caso de ‘la
manada’, además de un aumento importante de las personas manifestándose los
días 25 de noviembre, y de forma espectacular los 8 de marzo de los años 2018,
2019 y 2020, con millones de personas protestando en las calles, y también con
millones de personas en las huelgas feministas de 2018 y 2019.
Y este es
otro punto muy importante de este auge en la lucha feminista, que esta lucha
está siendo más que nunca una lucha de las mujeres trabajadoras, alejándose del
feminismo liberal que solamente lucha por una feminización de las élites
económicas y políticas. En cambio, lo que estamos viendo es que se están
tomando las armas de lucha de la clase trabajadora, como la huelga, al igual
que mucho de los eslóganes y las demandas que se están tomando son también de
la clase trabajadora y se alejan del feminismo liberal. Esto ocurrió por
ejemplo cuando el movimiento feminista rechazó, como una demanda suya la
iniciativa de Ciudadanos de legalizar los vientres de alquiler, ya que vio
correctamente que esto es una manera de mercantilizar los cuerpos de las
mujeres más pobres. También muchas de las demandas ya planteadas para la huelga
de 2018 reflejaban este carácter de movimiento de mujeres trabajadoras, como servicios
públicos y de protección social garantizados, el reconocimiento de los trabajos
de cuidados y el rol que el estado debe tomar en estos trabajos y reconocer los
derechos laborales de las mujeres que los realizan, el fin de la discriminación
laboral o una sociedad donde los recursos se distribuyan “en función de las
necesidades humanas y no del beneficio capitalista”.
Además de
estas luchas, estamos viendo como sectores feminizados y por lo tanto muy
precarizados como el del servicio de ayuda a domicilio, el trabajo doméstico, y
también en la sanidad y la educación han realizado protestas y huelgas en
defensa de servicios públicos de calidad – o en su caso que estos servicios vuelvan
a manos públicas– con mayores contrataciones de personal para garantizar un
servicio digno, las suficientes medidas de protección y EPIs, y salarios y
condiciones dignas de empleo.
Y también a
nivel internacional hemos visto este año importantes movilizaciones de las
mujeres en Polonia contra la propuesta del gobierno de restringir aún más el
aborto, en India contra la violación y asesinato de una chica dalit, o una
huelga feminista en Israel el 23 de agosto contra la brutal violación de una
chica de 16 años.
La lucha
contra la violencia es la lucha contra el capitalismo
Esta lucha
que apunta al capitalismo como origen de la violencia y de la discriminación es
el camino a seguir para conseguir un verdadero fin de la violencia de género.
El
capitalismo aprovecha las divisiones creadas artificialmente en la sociedad
para dividir a la clase trabajadora y crear grupos que estarán especialmente
desprotegidos y discriminados. Es lo que ocurre con las mujeres, a las que se
pone en un plano inferior en la sociedad para que nos hagamos cargo de los
trabajos de cuidados no renumerados, con el ahorro que ello supone al propio
sistema, y a su vez esta asunción supone que como trabajadoras tenemos un trabajo
secundario al de nuestra pareja por el que se nos sigue pagando peores salarios
y seguimos teniendo peores condiciones de trabajo – y por lo tanto también
pensiones, prestaciones de desempleo, etc. Además, este papel inferior al que
se nos relega justifica el que se nos trate como objetos sexuales, y por lo
tanto la violencia sexual, y las otras violencias de las que hemos hablado como
la psicológica, emocional o incluso la física. Como hemos comentado, la propia
dependencia económica de la mujer a otro hombre, también favorece la violencia,
ya que hace más difícil que la mujer pueda escapar de relaciones abusivas.
Por lo
tanto, desde Socialismo Revolucionario demandamos:
- Lucha de
la clase trabajadora contra la violencia machista y contra todo tipo de
discriminación que sufren las mujeres, junto con todos los grupos oprimidos de
la sociedad como los inmigrantes y la comunidad LGTB+. Sindicatos combativos
que combatan tanto la explotación laboral y la precariedad como la violencia de
género, el acoso y la discriminación en el trabajo.
- Unos
servicios públicos de calidad, libre de copagos y de privatizaciones, que
incluyan recursos suficientes para ofrecer protección a las víctimas de
violencia de género, y todo tipo de ayudas necesarias como sanitarias,
psicológicas, garantía de vivienda o refugio y empleo, etc. Además, unos
servicios públicos de calidad en todos los demás ámbitos (salud, educación,
dependencia, servicios sociales, etc) contribuirán a que recaiga menos trabajo
no renumerado y por lo tanto una mayor dependencia económica sobre las mujeres,
y deben garantizar también que estos servicios se realizan a través de puestos
de trabajo seguros y bien renumerados, acabando con la precariedad en estos
sectores.
- Educación
afectivo-sexual en todos los niveles educativos que eduque en la igualdad de
género, el consentimiento y los derechos de las personas LGTB+. Formación en
igualdad de género y contra la violencia de género en todos los servicios
públicos y en especial en aquellos trabajadores de los que más dependen las
víctimas: policía, sistema judicial, salud y educación.
- Separación
inmediata de los elementos machistas, racistas, homófobos, etc de las fuerzas
de seguridad y el sistema judicial. Control democrático de la clase trabajadora
de los servicios públicos, para evitar los casos de discriminación en estos
servicios, y la criminalización de las víctimas.
- Política
de vivienda que garantice el derecho a una vivienda digna frente a los beneficios
de bancos y fondos de inversión. Nacionalización de sus viviendas vacías para
alquileres sociales, control de alquileres, y fin de los desahucios.
- Derecho de
prestación a todos los parados, subidas del salario mínimo y fin de los
contratos precarios para garantizar que las subidas de salarios mínimos son
efectivas.