Estado español: nuevo gobierno pero continúa la inestabilidad y polarización

¡Solo la lucha en las calles conseguirá verdaderos cambios para los trabajadores!
11/01/2020, Socialismo Revolucionario

Pedro Sánchez fue investido presidente del gobierno el martes de manera casi dramática, con solo dos votos de diferencia, después de varios cambios de voto, amenazas e insultos por email o con pintadas contra los diputados que habían anunciado su sí a la investidura, llamadas al transfuguismo de Inés Arrimadas, y nervios tanto desde el PSOE como desde Unidas Podemos que controlaron uno a uno los votos desde sus escaños. Todo esto en medio de unas sesiones de investidura que intentó romper la derecha con interrupciones, insultos, y vivas al rey y España.
Todo esto, por supuesto, es reflejo de la creciente polarización política en el estado español, fruto de una crisis económica brutal y de los enormes recortes que hemos sufrido las trabajadoras y trabajadores en todo el estado en nuestros niveles de vida y servicios sociales. Recordemos que aún la clase trabajadora no se ha recuperado de la crisis, que seguimos teniendo más paro, peores condiciones de trabajo y salarios; y que la inversión en servicios públicos básicos como la sanidad y la educación no ha llegado aún a niveles similares a los anteriores a la crisis.

Además de esta polarización sigue existiendo una enorme inestabilidad que el capitalismo no ha podido resolver en los últimos cuatro años, con cuatro elecciones generales, diversas investiduras fallidas, golpes de estado al PSOE para conseguir su abstención y mociones de censura. La inestabilidad no va a reducirse con esta investidura por la mínima, la más ajustada del régimen del 78, y la perspectiva de una legislatura difícil y convulsa donde el gobierno tendrá dificultades importantes para aprobar asuntos fundamentales para su continuidad como los presupuestos.
Gobierno de coalición PSOE – Unidas Podemos
Muchos trabajadores han recibido con alivio e incluso con ilusión los resultados de las últimas dos elecciones generales, que frenan un posible gobierno de coalición de la derecha y la extrema derecha, y también que finalmente se haya conseguido la investidura de Pedro Sánchez con un acuerdo de gobierno entre PSOE y UP que se autocalifica como progresista, feminista y ecologista.
El acuerdo de gobierno entre PSOE y UP que estos partidos dieron a conocer en diciembre presenta algunas medidas que fueron recibido positivamente por muchos trabajadores, como la derogación de algunos de los aspectos de la reforma laboral de 2012, la subida del salario mínimo (que se comentó sería hasta de 1200 euros), medidas de control del precio de los alquileres, subir las pensiones de acuerdo al IPC y mayores subidas para las mínimas y no contributivas, etc.
Sin embargo, una lectura más detallada del acuerdo nos descubre un programa con muchas medidas volcadas a las empresas, aunque se escondan detrás del lenguaje de “creación de empleo”, “reindustralización”, “Green New Deal” (en relación con el apoyo a empresas durante la transición ecológica) y un largo etcétera. Además, hay muchas cortapisas a las medidas que afectarán directamente a la clase trabajadora. Por ejemplo, la subida del salario mínimo será progresiva y previa un gabinete asesor al Ministerio de Trabajo que tendrá en cuenta cuestiones como la “coyuntura económica general”. Incluso si se da la subida del salario mínimo esperada, de 1200 euros al mes, las grandes condiciones de precariedad en las que viven muchos trabajadores, entre ellas el pequeño número de horas a la semana que aparece formalmente en sus contratos, significará que muchos trabajadores no recibirán ni siquiera este salario.
En cuanto a la reforma laboral, seguiría vigente la reforma laboral de Zapatero de 2010, que ya atacaba de forma importante los derechos de los trabajadores como la generalización de los 33 días por año trabajado en caso de despido; y si no se deroga toda la reforma laboral de 2012 sino solamente los puntos destacados en el acuerdo, sigue habiendo muchas medidas de “flexibilización” del empleo, por ejemplo, que las empresas, alegando razones económicas o “técnicas” se descuelguen del convenio colectivo de su sector.
Pero además, como ya hemos recogido en artículos anteriores, el programa de coalición compromete a Unidas Podemos con el “Cumplimiento de los mecanismos de disciplina fiscal”, y con la reducción del déficit y de la deuda. Esto significa, especialmente en el escenario de una nueva crisis económica que podría estar próxima, que se dé prioridad a esta estabilidad fiscal, a cumplir con los criterios impuestos por la Unión Europea en relación al pago de la deuda pública y rescates, en lugar de a las medidas a favor de la clase trabajadora o de los servicios públicos. 
Este es un escenario muy peligroso para Unidas Podemos, que se ata a un partido completamente capitalista como es el PSOE dentro de esta coalición, y que podría ser percibido por muchos trabajadores como más de lo mismo, otro partido del “establishment” que machaca sus derechos y sus condiciones de vida y que hace a los trabajadores pagar por las crisis económicas. Ya hemos argumentado anteriormente que entrar en el gobierno, en lugar de apoyar la legislatura desde fuera y luego hacer oposición a un gobierno del PSOE, deja a Unidas Podemos aún más aislado de los trabajadores y de la lucha en las calles. Este alejamiento de las calles y la entrada completa en el juego institucional ya le había hecho perder muchos votos y escaños a lo largo de las últimas elecciones, y su base de apoyo aún podría disminuir más en favor de otras fuerzas que se perciban como claramente antisistema. Desde este punto de vista, Vox podría posicionarse como esta fuerza antisistema y aglutinar aún más apoyos.
Como hemos señalado anteriormente, las bases de Unidas Podemos tienen que estar atentas a las medidas implementadas por el gobierno, luchar y forzar que se implementen las que van a favor de la clase trabajadora y forzar la salida del gobierno de coalición de Unidas Podemos si se realizan recortes en nuestras condiciones de vida o servicios públicos. 
¿Luna de miel para el nuevo gobierno?
Algunas de las medidas anunciadas por el gobierno sin duda van a provocar una reacción tanto de los mercados como de otras fuerzas reaccionarias como la Iglesia Católica, y duros ataques de los partidos que representan estas fuerzas en el parlamento, especialmente de PP, Ciudadanos y Vox. Esto ocurrirá, por ejemplo, si se implementan pronto medidas como la eliminación de las calificaciones a la asignatura de religión y que esta no tenga asignaturas alternativas, la exhumación de víctimas del franquismo o la implantación de un día para homenajearlas, una ley que apruebe de manera efectiva la eutanasia, etc.
Implementando estas medidas, y medidas económicas algo menos laxas contra la banca, o las grandes eléctricas, el gobierno podría dar, al menos durante un periodo, la sensación de estar luchando contra las fuerzas de la reacción y contra los mercados, y esto le podría otorgar un cierto apoyo por parte de los trabajadores y jóvenes. Por supuesto, también algunas reformas positivas en aspectos económicos, y subidas de presupuestos para servicios públicos, serán bien recibidos.
Pero como decíamos este gobierno no será un gobierno estable y el panorama político seguirá siendo de una gran polarización. En Euskal Herria hay convocada una huelga general para el 30 de enero respaldados entre otros por los sindicatos ELA, LAB y CNT. Estas organizaciones demandan una pensión mínima de 1080 euros y un salario mínimo de 1200, jornada laboral de 35 horas, y jubilación a los 65 años entre otras cuestiones. En definitiva, además de sueldos y pensiones dignas que garanticen nuestros niveles de vida y luchen contra la pobreza y la desigualdad, una lucha por los derechos sociales y laborales, muchos de ellos arrebatados desde la crisis de 2008.
Desde Socialismo Revolucionario, defendemos este camino para conseguir verdaderos cambios en nuestras vidas como el fin de la precariedad laboral, inversiones en servicios públicos que además creen puestos de trabajo de calidad y con salarios dignos, o la puesta en marcha inmediata de alquileres sociales a partir de las viviendas actualmente vacías. En el escenario actual, la burguesía vociferará incluso contra las medidas más limitadas, ya sea directamente o a través de sus representantes en las instituciones. Los trabajadores vascos  están marcando el camino que se debe seguir en el resto del estado para luchar por nuestros salarios, derechos laborales y democráticos y servicios públicos. Tenemos que seguir movilizándonos para conseguir una convocatoria de huelga a nivel estatal, ya que los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, no tienen ninguna intención de convocarla contra un gobierno “progresista”. Solamente si sienten la presión de sus bases y del movimiento en su conjunto lo harán.
Además, el conjunto de la izquierda y del movimiento sindical debemos estar atentos y luchar contra cada ataque de la extrema derecha a las mujeres, inmigrantes, el movimiento LGTBI y en general contra el movimiento de los trabajadores. No debemos olvidar que además del nuevo poder institucional que ha ganado Vox a nivel estatal, sus ideas de extrema derecha y demandas se están reflejando en los gobiernos de varias comunidades autónomas, incluyendo Andalucía, Madrid y Murcia.
Catalunya
Otro de los grandes ejes de polarización será la mesa de negociación que se ha planteado en las negociaciones entre ERC y PSOE. Por una parte, al igual que ocurrió durante las elecciones y la investidura, PP, Ciudadanos, Vox y otras fuerzas, incluso algunos de los llamados “barones del PSOE” no perderán la oportunidad de proclamar que se pacta con golpistas o incluso terroristas, que se rompe España o, en un tono pretendidamente social, que se rompe la “igualdad de derechos” entre españoles. Por supuesto, todas estas voces callan que la verdadera desigualdad se da entre los trabajadores y la burguesía, y que esta no ha dejado de crecer desde el estallido de la crisis de 2008.
Unidas Podemos, con sus demandas de un diálogo entre el estado reaccionario que ha utilizado la brutalidad policial y el movimiento por la independencia de Catalunya al que se estaba reprimiendo, en la práctica tomando una equidistancia entre ambos, es también responsable de que haya calado entre muchos trabajadores del resto del estado español un sentimiento anticatalanista, y un aumento del voto de la extrema derecha. Pero PSOE, con el que entra en coalición de gobierno, ha sido además completamente cómplice de esta represión, incluyendo la aplicación del artículo 155.
Con estos antecedentes, es muy posible que las negociaciones entre el gobierno central y la Generalitat, además de lentas y obstaculizadoras, solamente lleguen a acuerdos muy descafeinados que no respondan de ninguna manera a las aspiraciones del movimiento de una república independiente. Por lo tanto, es muy posible que la mesa de negociación, en lugar de pacificar y tranquilizar la situación en Catalunya, lleve a nuevas tensiones y de nuevo a manifestaciones y huelgas masivas como hemos visto repetidamente en los últimos años.
A esto también puede contribuir las últimas decisiones de instituciones europeas que han llevado al reconocimiento de Junqueras (preso político) y Puigdemont y Comín (exiliados) como eurodiputados, lo que va claramente en contra de las decisiones tomadas desde el Estado español y ponen en cuestión todo el proceso judicial que ha condenado a penas muy duras de cárcel a los presos políticos catalanes. Esto sin duda presenta una urgencia del movimiento de seguir movilizándose al poder conseguirse pasos significativos en la situación de los presos, incluso poniendo sobre la mesa una excarcelación de Junqueras para ejercer su puesto de eurodiputado mientras se sigue aclarando su situación de inmunidad judicial.

Estos últimos reveses sufridos por los tribunales del estado, dejan además al descubierto su verdadera naturaleza reaccionaria y represora, que ya se ha manifestado en muchas otras ocasiones, con la persecución judicial de rapero y, tuiteros (que expresaron ideas de izquierda) y de activistas sindicales o feministas. Este aspecto, junto con la lucha común de todos los trabajadores del estado e internacionalmente por nuestros derechos y nuestras condiciones de vida, debe ser el puente que nos una a toda la izquierda, incluyendo a las bases de los sindicatos y de Unidas Podemos, las CUP y Bildu, en una lucha contra el régimen del 78 y todas sus instituciones reaccionarias, incluyendo el fin de la monarquía, y contra el sistema económico que lo sustenta, el capitalismo. Solamente a través de esta lucha decidida conseguiremos verdaderos derechos democráticos, incluyendo el derecho de autodeterminación de Catalunya, o verdaderos cambios sociales como la toma en manos públicas de los principales sectores de la economía como la banca, la industria energética, transporte y comunicaciones, para una inversión pública masiva a favor de los servicios públicos, por empleo de calidad, resolver el problema de la vivienda y luchar contra el cambio climático.